7_Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: Los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidades Santiago de

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoPailón, así como una serie de escorrentías y quebradas que permiten la evasiónde altas cantidades de agua provenientes de las constantes e intensas lluvias quese generan en esta zona del trópico ecuatorial.4.1.4 Usos del suelo4.1.4.1 Usos del suelo en la zona ruralPor las características naturales de Buenaventura, localizada en la zona conocidacomo Chocó Biogeográfico, gran parte de su territorio fue incluido en la Zona deReserva Forestal del Pacífico Occidente, declarada como tal con la expedición dela Ley 2 de 195911, con el propósito de regular la economía forestal y conservar losrecursos naturales renovables. Esta zona tiene gran importancia para Colombia yaque, junto con la Amazonía, constituye uno de los laboratorios vivientes del planetapor la riqueza endémica y las complejas cadenas de interrelaciones presentes en losbosques, además de suplir el 50% de la demanda de madera del país en los últimos20 años (Orozco, 2004, p. 14). El área inicialmente declarada como zona de reservaforestal ha sido objeto de diversas sustracciones del territorio (cerca del 28% dela superficie inicial), que en el caso de Buenaventura han estado principalmenterelacionadas con la colonización de tierras y con su destinación para la construcciónde infraestructura vial como la vía alterna (IDEAM, 2005). No obstante, el Distritoaún conserva la mayor parte de su área como reserva forestal, la cual alcanza el99,8% de su territorio (644.142 ha de las 645.400 ha que tiene el municipio) y seexpresa en diversos tipos de suelo de protección, incluidos parques naturales yzonas de reserva forestal (Ver Mapa 4 en la página siguiente).11 De acuerdo con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras (Art. 206). El área de reserva forestal solo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques (Art. 207). La Zona de Reserva Forestal del Pacífico, establecida con la Ley 2 de 1959, está comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico (IPIGC, 2014b).50

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidades De acuerdo con el mapa de usos potenciales del Plan de Ordenamiento Territo-rial de Buenaventura (2001), el 91,7% (596.504,17 ha) de su superficie correspondea zonas de protección de diferentes categorías, mientras que el 7,9% (51.463.51 ha)a asociaciones agroforestales y el resto, menos del 1%, corresponde al área urbana.La reducida cantidad de tierras que pueden ser dedicadas a actividades agrícolas ypecuarias tiene que ver con las fuertes condiciones de humedad que caracterizanla Cuenca del Pacífico, las cuales inciden en el lavado de nutrientes y por tanto enla erosión del suelo (IDEAM, 2005). De acuerdo con el IDEAM, dentro de la Zonade Reserva, solo unas 133.970 hectáreas, localizadas principalmente al norte deldepartamento del Chocó en los límites con Panamá y al oriente del departamentodel Valle, presentan aptitud agrícola, mientras que 90.500 hectáreas son aptas parala ganadería. No obstante, la superficie utilizada para estas actividades es muchomayor que la que realmente tiene dicho potencial. Mapa 4. Suelos de protección en BuenaventuraFuente: POT Buenaventura, 2001. En el territorio de Buenaventura, la Ley 2 de 1959 declaró como parte de la zonade reserva el Parque Natural los Farallones de Cali, que tiene 150.000 hectáreas 51

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoy 138.000 (92%) de ellas se localizan en el área de reserva. El parque posee unagran diversidad de flora y fauna, así como una importante riqueza hídrica que enla zona del Pacífico está conformada por las cuencas de los ríos Anchicayá, Raposo,Cajambre,Yurumanguí y Naya.También fueron declaradas otras áreas como la zonade Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San Cipriano, creada conla Ley 2 y declarada como zona de reserva protectora con el Acuerdo No. 031 deNoviembre 20 de 1979, con una extensión de 8.543 hectáreas. Su declaración tuvocomo fin contribuir a la protección de la biodiversidad de la región y las cuencashidrográficas que permiten la prestación de los servicios de acueducto y energía(IDEAM, 2005). El aporte hídrico de la reserva abastece el acueducto municipal deBuenaventura. En agosto del año 2010, luego de un largo proceso de negociación, Bahía Má-laga fue declarada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y DesarrolloTerritorial como área protegida (Resolución 1501)12. Con esta declaración se creóel Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga como el número 56 en Colom-bia, el cual cuenta con una extensión de 47.094 hectáreas ubicadas en la porciónmedia de la costa pacífica colombiana. La zona es reconocida por ser uno de lossitios de destino de la migración estacional de poblaciones de la ballena jorobadaque arriban al lugar para criar a sus ballenatos y con fines reproductivos. Ademásalberga gran diversidad de especies de fauna y flora, tanto de la zona continentalcomo marina, con 1.396 especies animales y vegetales identificadas13. Buenaventura también cuenta con el Santuario de Fauna y Flora Malpelo,ubicado a 490 kilómetros al oeste de la costa del Distrito, declarado en 1995 comoárea protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y en2006 como Patrimonio ecológico de la humanidad por la UNESCO. Malpelo esuna isla de naturaleza volcánica con escasa vegetación, importantes formacionescoralinas y una diversidad de peces entre los que se encuentran el tiburón mar-tillo y la ballena tiburón, así como otras especies endémicas como el cangrejo ydiversas aves. La isla no se encuentra habitada y es objeto de constantes visitas de12 Esta zona fue objeto de debate antes de su declaratoria como zona protegida, ya que un importante sector empresarial del Valle del Cauca solicitó al Gobierno aplazar la tan anunciada declaratoria del Parque Natural, ante la necesidad de establecer un puerto de aguas profundas para conectar al país con los mercados de la cuenca del Pacífico, dadas las limitaciones que un futuro tendría el puerto de Buenaventura para este tipo de actividades. La solicitud al parecer tuvo eco en la Casa de Nariño y la decisión empezó a postergarse (Maldonado, 2010).13 http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=794852

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadesinvestigadores que buscan conocer y monitorear las varias especies y ecosistemas.La isla es reconocida por ser uno de los cinco lugares más hermosos para bucear,por lo cual fue incluida en la zona conocida como “Triángulo de oro del buceo”,conformado también por los Parques Nacionales Isla del Coco (Costa Rica) y lasIslas Galápago (Ecuador). Pese a la existencia de diversas reglamentaciones, entidades y organizacionesresponsables de la conservación y protección de estas áreas de reserva, algunossuelos han sido ocupados mediante usos inadecuados que han generado conflictosterritoriales y socio-ambientales (Mapa 5), entre los que se encuentran la contami-nación de ríos y estuarios, la deforestación y apropiaciones de zonas de manglaresy otras reservas, e incluso la presencia de grupos armados al margen de la ley. Mapa 5. Conflictos en los usos del suelo en BuenaventuraFuente: POT Buenaventura, 2001.4.1.4.2 Usos del suelo en la zona urbanaEl crecimiento de la zona urbana se ha caracterizado por una falta de planificacióny control efectivo del territorio, lo cual se expresa en la continua ocupación de 53

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientola ciudad a través de asentamientos informales y la configuración de un espaciourbano poco compacto en la zona continental, que no dispone de una clara zo-nificación de áreas recreativas, sociales, culturales, económicas, entre otras. En elcentro urbano hay una continua generación de conflictos en los usos del suelo,entre otras razones porque continuamente se utilizan suelos para actividadesportuarias en zonas con otras vocaciones. De acuerdo con el POT (2001), en la isla hay un uso compartido entre zonasresidenciales, actividades especializadas relacionadas con actividades económicasy áreas de uso múltiple dedicadas a actividades institucionales y de servicios. En lazona continental predominan los usos residenciales, aunque también se encuen-tran otro tipo de usos especializados y mixtos dedicados a actividades económicas,institucionales y recreacionales (Mapa 6). Mapa 6. Usos del suelo en la zona urbana y suburbana de BuenaventuraFuente: POT, 2001.4.2 Características demográficasDe acuerdo con el Censo del 2005 realizado por el DANE, para este año la población de Bue-naventura alcanzó los 328.753 habitantes, los cuales representaron el 7,9% de la poblacióndel Valle del Cauca y el 0,77% de la población total del país, mientras que para el año 2016la población alcanza los 407.675 habitantes, lo que significa una participación del 8,7% de lapoblación del Valle y del 0,84% de la población nacional (Tabla 1). En el 2005, el 89% de la54

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura:los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadespoblación del distrito vivía en la cabecera, mientras que en el 2016 este porcentaje aumentóal 91,7%. Contrario a este comportamiento creciente de la población urbana, la poblaciónlocalizada en el resto o en la zona rural tuvo una tendencia a la disminución durante este pe-riodo, de 35.864 habitantes en el 2005 pasó a 33.958 en el 2016. Este comportamiento puedeestar asociado tanto a las condiciones de violencia que afronta el Distrito de Buenaventura,como las reducidas oportunidades que ofrece el campo no sólo en este municipio, sino en elpaís en general, fenómenos que obligan al desplazamiento de la población hacia las zonasurbanas en busca de protección y de inserción en el mercado laboral.Tabla 1. Estimaciones de población de Buenaventura por áreas y total 2005, proyección 2016 Población por área y total 2005 2016(p)BuenaventuraCabecera 292.889 373.717Resto 35.864 33.958Población Total 328.753 407.675Valle del CaucaCabecera 3.593.222 4.078.726Resto 568.248 582.015Población Total 4.161.470 4.660.741ColombiaCabecera 31.889.299 37.332.955Resto 10.999.293 11.414.753Población Total 42.888.592 48.747.708Participación Buenaventura / ValleParticipación Buenaventura / Colombia 7,90% 8,74% 0,77% 0,84%Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2011). El comportamiento demográfico de Buenaventura en los últimos 50 años (Ta-bla 2) da cuenta de un crecimiento poblacional de más de dos veces la poblaciónurbana, durante los periodos intercensales 1964 - 1973 y 1973 - 1985. Este com-portamiento demográfico puede estar relacionado con los acelerados procesosde urbanización que se presentaron en el país desde mediados del siglo XX, perotambién con la dinámica de fortalecimiento de la actividad portuaria que bajo elliderazgo de Colpuertos capturó gran cantidad de mano de obra hacia esta activi-dad económica. En los últimos 15 años la tendencia demográfica continúa siendocreciente pero no en las mismas proporciones que en los períodos anteriores, ellotambién en estrecha relación con las tendencias nacionales de estabilización de losprocesos de urbanización y de transición demográfica. Por su parte, la población 55

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientorural se incrementó ostensiblemente durante el periodo intercensal 1973-1985y a partir de allí empezó un proceso de contracción, al punto que la poblaciónpresenta decrecimientos en los años 2005 y 2016 (Tabla 2). Tabla 2. Comportamiento temporal de la población del distrito de Buenaventura, 1964 – 2016(p) Buenaventura 1964 1973 1985 1993 2005 2016(p)Cabecera – Urbano 70.079 110.712 174.397 209.744 292.889 373.717Resto-Rural 26.629 28.564 38.374 38.680 35.864 33.958Población Total 96.708 139.276 212.771 248.424 328.753 407.675Crecimiento Poblacional urbano 57,5% 20,3% 39,6% 27,6%Crecimiento Poblacional rural % 58% 34,3% 0,8% -7,3% -5,3%Crecimiento Poblacional total % 7,3% 52,8% 16,8% 32,3% 44% 24%Fuente: Elaboración Propia con Base en el Anuario Estadístico de Buenaventura, 2011 y DANE, 2011. La relación porcentual entre población femenina y masculina no tuvo cambiossignificativos durante el periodo 2005 - 2016. Del total censado en el 2005, el 51,3%de la población correspondía al sexo femenino y el 48,7% al sexo masculino, mien-tras que en el 2016 la población femenina tiene un porcentaje de participación del51,4% y la población masculina de 48,6%. En los últimos 10 años, se observa unadisminución significativa en la proporción de la población con edades entre los0 y los 24 años, dado que para el año 2005 esta población representaba el 59,7%,mientras que en el año 2016 este mismo grupo etario representó el 49,4%. La dis-minución fue similar tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres. Caberesaltar además que a partir del grupo quinquenal de 20 a 24 años, la poblaciónmasculina es notablemente inferior a la femenina y se evidencia un incrementosignificativo en la población mayor de 60 años (Tabla 3). Tabla 3. Población de Buenaventura por edad y sexo para el 2005 y su proyección en el 2016 Edad Hombre 2005 Total Hombre 2016(p) Total 0-4 19.662 38.770 22.281 43.523 5-9 20.276 Mujer 39.959 20.712 Mujer 40.509 10-14 19.770 19.108 39.126 19.751 21.242 39.018 15-19 17.998 19.683 35.640 19.993 19.797 39.540 20-24 14.850 19.356 30.426 19.384 19.267 38.922 17.642 19.547 15.576 19.538 Pasa a la página siguiente56



















































Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento global de las políticas y de su aplicación, de acuerdo con las necesidades del desarrollo sostenible. El otro elemento a resaltar es el manejo institucional que se le da al temaambiental, el cual se mueve entre lo sectorial o lo transversal. El primer tipo serepresenta en instituciones que se dedican de manera exclusiva a los asuntos am-bientales a través de ministerios o secretarías nacionales como sucede en buenaparte de América Latina, y el otro toma forma en comités interinstitucionales comosucede en algunos de los países de la Unión Europea. Sin embargo, la efectividadde la política ambiental no está determinada exclusivamente por la existencia deuna dependencia encargada de este sector, sino en la capacidad para lograr queel resto de políticas sectoriales contemplen sus efectos sobre el ambiente y losrecursos naturales. En este sentido, José Antonio Ocampo (1999, pp. 10-11), en undocumento que escribió sobre Políticas e instituciones para el desarrollo sostenibleen América Latina y el Caribe desde la Comisión Económica para América Latinay el Caribe, CEPAL, resalta como los subsidios a los servicios públicos han servidopara generar incentivos al consumo excesivo y reducir la disponibilidad de recursosnecesarios para que las empresas productoras inviertan en funciones ambientalesestrechamente relacionadas con dichos servicios (defensa de las fuentes de aguade acueductos e hidroeléctricas, y procesamiento de aguas servidas, en particular).No obstante, ya se trate de un ministerio o una comisión, la característica común esel excesivo número de competencias y funciones que se les adjudica con relacióna sus capacidades, hecho que limita su eficacia, tal como lo expresa Bárcena (2001,citado por CEPAL, 2001, pp. 39-40)28. Ahora bien, uno de los principales obstáculos en la implementación de las po-líticas ambientales nacionales desarrolladas a partir de las directrices promovidasdesde al ámbito internacional, a través de las Cumbre de la Tierra y las Conferen-cias sobre temas ambientales específicos, se relaciona con la capacidad fiscal querequieren las instituciones ambientales para las funciones y responsabilidadesque les otorga la normatividad. Ello implica la necesidad de generar mecanismosnacionales que posibiliten alcanzar el autofinanciamiento, al menos parcial, de la28 Por otra parte, resulta complejo establecer comparativos entre la política ambiental colombiana y la del resto de países latinoamericanos y los de la Unión Europea, dada la estructura institucional y administrativa de cada uno. Colombia, por ejemplo, es un país con un alto grado de centralización, donde sus departamentos y municipalidades tienen ámbitos muy limitados de injerencia en el diseño de la política pública, frente a Estados federalistas como Brasil y Argentina o España que está compuesto por comunidades que son autónomas en diferentes grados.82

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadesgestión ambiental, a partir, por ejemplo, de los impuestos generales o específicos(sector eléctrico, combustibles, propiedad de autos, predial u otros). Se podríacontemplar la posibilidad de reasignar la recaudación hacia fines ambientales deimpuestos existentes en servicios conexos con el medio ambiente, de sustituirimpuestos que graven “bienes” por otros que graven “males”, o bien de proponerincrementos marginales para fines ambientales en impuestos ya existentes (CEPAL,2001, p. 73). Este sería un mecanismo efectivo para corregir los problemas ambien-tales en América Latina y una fuente potencial de ingresos fiscales. En este sentido, Eduardo Lora (CEPAL, 2012) argumenta que en Europa losimpuestos en materia ambiental recaudan en promedio 2,5% del Producto Inter-no Bruto, PIB, mientras en América Latina apenas alcanza el 1%, siendo los paísesproductores de petróleo los que menos ingresos obtienen por este concepto. Co-lombia y México, por ejemplo, recaudan apenas 0,25% del PIB, mientras Ecuador yVenezuela subsidian el valor de la gasolina con aproximadamente el 5% de su PIB,bajo la justificación de proteger el poder adquisitivo de los sectores de menoresingresos, aun cuando, expresa este investigador, sean realmente los consumidorescon mayores ingresos los que más provecho obtienen de esta política estatal. Estoevidencia la paradoja en la que se encuentra la defensa y protección del ambien-te, ya que el diseño de políticas que graven fiscalmente temas como el consumode la gasolina suponen que ello desestimula el uso de vehículos particulares, noobstante, estas medidas implementadas han generado el efecto contrario, es decir,incentivan el consumo exacerbado de vehículos particulares y de paso afectanotros elementos del ambiente urbano como la movilidad y la calidad de vida. Loanterior indica que tomar decisiones políticas relacionadas con temas ambientalesse inscriben en una tensión entre el largo plazo que requiere la agenda ambientaly el corto plazo de las agendas gubernamentales, principalmente en países comolos latinoamericanos, en los que se presenta debilidad institucional y partidospolíticos sin diferencias ideológicas y programas políticos de corto plazo. Si bien, estas tensiones entre la política, la economía y la defensa del ambiente,generan un clima de desesperanza, ello no implica que desde lo local no se puedaasumir el diseño de estrategias que propendan por mejorar las condiciones ambien-tales del entorno local y potencializar las ofertas ambientales de su territorio. Ellose convierte en un reto para los Gobiernos locales, que implica tanto la voluntadpolítica de incorporar el tema ambiental, desde un enfoque sistémico y transversal,en la agenda pública, así como reconfigurar la institucionalidad gubernamentalen aras de hacer más competitivos los territorios y mejorar la calidad de vida delos habitantes (IPIGC, 2014). 83

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento5.1.2 La política ambiental en ColombiaColombia es reconocida en América Latina como uno de los países con la legislaciónambiental más completa y de avanzada, ya que su normatividad e institucionalidadabarcan casi la totalidad del espectro de las medidas que deben tomarse para elmanejo y control de los impactos en el ambiente y los recursos naturales e involucrade manera participativa a diversos actores no sólo del sector público sino tambiénprivado, del tercer sector y de la comunidad en general. Este desarrollo normativose fundamenta en la Carta Constitucional de 1991, en la que se incorporaron másde 50 artículos relacionados con temas ambientales (Rodríguez, 2010), con los queel Estado reconoció los derechos colectivos o de tercera generación, entre los quese encuentra el derecho a gozar de un ambiente sano. En los últimos 40 años se han realizado en Colombia dos grandes reformasde la política pública ambiental: en los periodos 1973-1976 y 1990-1993, que des-pués de un cierto grado de consolidación entraron en declive (Rodríguez B., 2010,p. 2). Este debilitamiento de la estructura institucional tiene como trasfondo lacontradicción entre el modelo de desarrollo económico y la noción de desarrollosostenible –que se expone más adelante-, así como otros elementos propios delcontexto colombiano, en el que predominan la superposición de intereses particu-lares sobre el bien colectivo; la complejidad de la geografía nacional caracterizadapor múltiples y variados ecosistemas, muchos de ellos en riesgo por la actividadhumana, que demandan de una institucionalidad robusta y saberes expertosque permitan un tratamiento acorde a las características de dichos ecosistemas;y el conflicto armado que, articulado al narcotráfico y a la minería ilegal, generanimpactos ambientales que ponen en riesgo la sustentabilidad de los territorios,relacionada con la disponibilidad de fuentes hídricas y suelos aptos para la agri-cultura, entre otros (IPIGC, 2014). La primera reforma que se implementó en el país tiene que ver con la expe-dición en 1974 del Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Am-biente (Decreto Ley 2811) y la reorientación de la estructura institucional públicaencargada de la administración de estos recursos, constituida por el InstitutoNacional para el Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, INDERENA, quepasó a denominarse Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Pro-tección del Medio Ambiente, sin cambiar su sigla, y las Corporaciones AutónomasRegionales, CAR. Aunque la institucionalidad ambiental tuvo entre sus principaleshitos la creación en 1954 de la primera entidad encargada del manejo de variablesambientales en Colombia y América Latina, la Corporación Autónoma Regional84

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadesdel Valle del Cauca y las corporaciones autónomas que se crearon antes de 1973,es con el Código Colombiano y la reestructuración del INDERENA que se marcó elinicio de la gestión ambiental desde el Estado. El código, aún vigente en el país,comprende un conjunto de normas ambientales articuladas bajo el principio deque el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la super-vivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos (Salinas, s.f.). En los lineamientos que establece el código se trató de conciliar esta con-cepción con la noción de aprovechamiento racional de los recursos naturalescomo medio para asegurar un flujo continuo de los productos de la naturaleza,la cual era predominante hacia mediados del siglo XX y, por ello, el código regulaprincipalmente los recursos naturales, antes que la protección ambiental en suconjunto (Rodríguez B., 2004). La expedición de este Decreto-Ley fue la respuestaa los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambien-te Humano, realizada en 1972, en cuya declaración se incluye por primera vez ladimensión ambiental en la agenda de la política internacional como un aspectoa considerarse dentro de la concepción del modelo de crecimiento económicotradicional (Salinas, s.f.). Dicho código se convirtió en la base fundamental para la acción del INDERENA,del cual fue a su vez el principal promotor en su elaboración y aprobación. Bajoesta nueva normatividad el instituto fue reformado en 1976 para convertirlo enla primera autoridad ambiental del país, con jurisdicción en la mayor parte delterritorio nacional, excepto en aquellas áreas en donde funcionaban las corpora-ciones autónomas regionales (Rodríguez, 2010). De acuerdo con Rodríguez, estascorporaciones tenían más una visión de conservación y aprovechamiento racionalde los recursos naturales, en comparación con el INDERENA, que tenía una visiónmás ambientalista, es decir, un enfoque que propendía más por su conservacióny protección, de lo cual queda como evidencia la política de parques nacionalesnaturales como una de las principales iniciativas de su gestión. El declive de esta entidad, que empezó a finales de la década de 1960, estuvorelacionado con la pérdida de jurisdicción de una parte del país por la designa-ción de competencias ambientales en unos departamentos a las CorporacionesAutónomas Regionales; la pérdida de competencias ambientales en áreas funda-mentales como la minería o la conservación y aprovechamiento de los recursospesqueros; y el debilitamiento presupuestal y técnico, al que paulatinamente sele sometió. Las corporaciones autónomas regionales, por su parte, fueron encar-gadas de realizar proyectos que fomentaban principalmente el desarrollo de sus 85

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoáreas de jurisdicción (obras de infraestructura de acueducto y alcantarillado), porlo que su accionar como autoridad ambiental estuvo siempre bastante reducida,hasta que los Gobiernos Municipales adquirieron dichas funciones en la décadade 1980 (IPIGC, 2014). La segunda reforma de la política ambiental tuvo lugar a comienzos de la dé-cada de 1990, cuando se incorporaron más de 50 artículos sobre medio ambientey desarrollo sostenible en la Constitución Política de 1991 y se expidió la Ley 99 de1993, mediante la cual se crearon el Ministerio del Medio Ambiente y el SistemaNacional Ambiental, SINA (Salinas, s.f.)29. Con este cambio institucional se diseñaronlos lineamientos e instrumentos que deberán tener en cuenta las institucionespúblicas y privadas, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad engeneral, para incorporar en su quehacer los principios de la gestión ambiental,basados en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Dela misma manera que ocurrió con la primera reforma de la política, realizada acomienzos de la década de 1970, en esta ocasión la reestructuración institucionalfue el resultado de los acuerdos alcanzados previamente y durante la Cumbrede Río o Cumbre de la Tierra, en 1992. En esta cumbre, los diferentes Gobiernosparticipantes se comprometieron a promover el desarrollo sostenible y firmaron,entre otros documentos, la Declaración sobre un conjunto de principios en losque se definieron los derechos civiles y las obligaciones de los Estados en materiaambiental (Naciones Unidas, 2013). Estos principios se reflejaron, en gran medida, en la Constitución de 1991, por ejemplo,en su Artículo 79, que reconoce el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano yla obligación del Estado a proteger la diversidad e integridad del ambiente; y el Artículo 80, queestablece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, ademásde prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales yexigir la reparación de los daños causados.29 El SINA constituye el conjunto de orientaciones normas, actividades, recursos, programas e institu- ciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993. Tiene un componente institucional, conformado por todas las entidades públicas y privadas que desarrollen acciones o tengan relación con el tema ambiental; un componente jurídico, conformado por todas las normas que hacen referencia a principios, requisitos, recursos, competencias en materia ambiental o relacionada; un componente económico, conformado por todos aquellos recursos destinados directa o indirectamente al tema ambiental y, un componente de políticas, conformado por todos los proyectos, programas y políticas relacionadas con el tema ambiental. (Ministerio del medio ambiente y Universidad Nacional de Colombia, 2002).86

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidades Por su parte, con la Ley 99 de 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambientecomo primera autoridad ambiental del país, en sustitución del INDERENA, respon-sable de la formulación de las políticas y regulaciones ambientales nacionales y concompetencias para intervenir en la formulación de políticas sectoriales en materiaambiental. También se designó como autoridades ambientales regionales a 34corporaciones autónomas y se dotó al SINA de cinco institutos de investigaciónespecializados, para generar la información necesaria para la formulación de lapolítica ambiental. De la misma manera, se creó la Unidad de Política Ambientaldel Departamento Nacional de Planeación, con el propósito asegurar la incorpo-ración de este tema en el Plan de Desarrollo y los planes y programas sectoriales(Rodríguez, 2010). Diversos autores coinciden en denunciar el retroceso y debilitamiento que su-frió la estructura institucional ambiental creada a comienzos de la década de 1990,con las modificaciones que durante las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez(2002-2010) se realizaron a las políticas ambientales y a sus formas de ejecución.Estas reestructuraciones de la política estuvieron fundamentadas en argumentosen los que se distorsionaban los intereses económicos que realmente inducíanlas reformas, en un gobierno que se caracterizó por la confianza inversionista y laseguridad democrática. Durante este periodo se fusionaron el entonces Ministerio del Medio Ambien-te y partes del Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Ambiente, Vivienday Desarrollo Territorial, MAVDT, adquiriendo el tema ambiental la categoría deViceministerio. Estos cambios institucionales se realizaron bajo el supuesto dela modernización del Estado y la austeridad fiscal, por lo que el tema ambientaltuvo que compartir presupuesto con sectores como agua potable, saneamientobásico, vivienda y desarrollo territorial. Dichos sectores terminaron adquiriendomucha más relevancia por el énfasis dado al MAVDT en la administración de UribeVélez y, en consecuencia, el Viceministerio del Ambiente perdió no sólo prioridadpresupuestal, sino también su capacidad de liderar la política ambiental nacionaly el SINA (IPIGC, 2014). De igual forma, las Corporaciones Autónomas se vieron debilitadas por lamenor cantidad de recursos económicos disponibles para la gestión ambiental,la disminución de su capacidad técnica y de control, y el debilitamiento de ins-trumentos de política para la protección del ambiente (Canal y Rodríguez, 2008,citados por IPIGC, 2014). De acuerdo con estos autores, a las Corporaciones seles ordenó que invirtieran parte de sus recursos en los sectores de agua potable 87

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientoy saneamiento básico, lo que disminuyó los recursos disponibles para la gestiónambiental. Su capacidad para ejercer como autoridad ambiental también se viodebilitada por la disminución de funcionarios y técnicos, como consecuencia de ladirectiva presidencial de disminuir el presupuesto de funcionamiento en beneficiodel presupuesto de inversión. Ahora bien, se debe reconocer que el debilitamiento de las corporaciones,no solo obedece al desmantelamiento técnico y fiscal al que fueron sometidasdurante las administraciones de Uribe, sino que también está relacionado con lacaptura política de la que han sido objeto en los últimos años, lo que ha incididonegativamente en dos aspectos fundamentales: por una parte, se ha generado ladesinstitucionalización de las entidades, lo que ha permitido la captura política;y por otra, como resultado de dicha clientelización, se ha dado la disminución desu capacidad técnica; siendo por ello, contradictoria con los objetivos misionalesque llevaron a su creación. Esta pérdida de capacidad técnica e institucional de lasCorporaciones se evidenció en los impactos de la ola invernal ocurrida en 2010-2011 en Colombia, que generó grandes pérdidas económicas y humanas en lamayor parte del país30, en gran medida asociadas con la pérdida de funcionalidaddel sistema de diques que protege las tierras urbanas y rurales de inundaciones.La proliferación de diques construidos por particulares para ganarle terreno a lasrondas de los ríos, se ha realizado en las últimas décadas sin un control técnico nila regulación necesaria por parte de entidades estatales, incluidas las corporacio-nes autónomas, ya que a comienzos de la década de 1990 se le asignaron estasfunciones a los propietarios de las tierras a través de las asociaciones de usuariosde distritos de riego. Para solucionar las irregularidades presentadas por las corporaciones autónomas, laadministración de Juan Manuel Santos (2010-2014) intentó, en una salida política equivocadapor proponerla en un momento coyuntural, fusionar algunas de ellas para que funcionaran demanera autónoma de los departamentos, lo cual generó bastante resistencia por parte de lasdirigencias políticas regionales, lo que hizo que finalmente no se implementara esta política.Otra reforma del sector ambiental, que sí se implementó durante la administración de Santos,30 Para el caso del Valle del Cauca, cabe recordar en el año 2010 la inundación de la Zona Franca del Pacífico en Palmira, la zona industrial de Yumbo, las áreas de cultivo de caña en Florida, Pradera, Palmira, entre otras, lo que evidencia que la CVC no ha tenido la capacidad para implementar una política de prevención que incorpore el cambio climático como una variable determinante del desarrollo urbano y el crecimiento económico de la región.88

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadesfue la recuperación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyos impactos aúnno han sido evaluados. Lo que sí se puede mencionar es que en los últimos años se handiseñado diversos instrumentos de política y gestión ambiental, cuya efectividad depende, engran medida, del fortalecimiento institucional de las entidades que lideran su implementación,tanto en el orden nacional como local (IPIGC, 2014). A pesar de los desarrollos normativos en materia ambiental, de manera paradó-jica, en las últimas dos décadas se ha asistido a la persistencia e intensificación deproblemas ambientales relacionados con la depredación, erosión y contaminaciónde los recursos naturales, y en general con el deterioro del ambiente, no sólo en lasciudades grandes e intermedias, sino también en las zonas ricas en ecosistemasestratégicos como páramos, humedales y selvas o bosques húmedos tropicales. Esta situación evidencia que no es suficiente con disponer de una buenanormatividad e insistir retóricamente en derechos y en políticas ambientales demanera participativa, si no existe una verdadera incorporación de la diversidad eintegración del ambiente en el modelo de desarrollo (Mesa, 2010). Falta articula-ción y armonización entre las políticas ambientales existentes, que tienen comoreferente un modelo de desarrollo que propende por la conservación y el usosostenible de los recursos naturales, y el modelo de desarrollo económico que,bajo principios neoliberales, tiene entre sus principales premisas la explotación delos recursos naturales con políticas como el fomento de la minería a gran escalay la privatización de los bienes y servicios públicos, que incluyen recursos vitalescomo el agua, los bosques y la biodiversidad. Lo anterior implica grandes retos para las entidades que lideran e implementanla política ambiental en el nivel local, puesto que demanda mayores esfuerzos de laadministración pública para encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad defomentar el desarrollo de las fuerzas productivas que le pueden generar grandesbeneficios económicos y sociales a los municipios (por ejemplo, el incrementode las finanzas públicas y la generación de fuentes de empleo), y la lucha por laprotección y la conservación de los recursos naturales y en general por lograr unambiente sano, como elementos fundamentales para el mejoramiento de la calidadde vida de las actuales y futuras generaciones (IPIGC, 2014).5.2 Marco NormativoPara la implementación de la Ley 1617 de 2013, en lo referente a la propuesta decreación de la autoridad ambiental para la zonas urbana y suburbana del distrito 89

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientode Buenaventura, se tomó como referencia un vasto acervo normativo en diversastemáticas en materia ambiental y temas afines. Esta normatividad se identificó apartir del conocimiento de los diferentes expertos que conforman el equipo detrabajo y se complementó con las normas referenciadas en la consultoría de ALS& Asociados S.A.S. para la Cámara de Comercio de Buenaventura (2013) sobre losimpactos político, administrativo y fiscal de la implementación de la Ley 1617 de2013. A continuación, se lista parte de la normatividad consultada: Cuadro 6. Marco normativo ambiental en Colombia y Buenaventura 1986-2014Año Nombre Actividad que reglamenta1986 Decreto Ley 1333 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal1989 Ley 9 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. Constitución Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989.1991 Política de Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política – Consejos comunitarios. Colombia Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades1991 Ley 2 y organismos del Estado u se dictan otras disposiciones.1993 Ley 70 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encar- gado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renova-1993 Ley 87 bles, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.1993 Ley 991994 Ley 141 Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales1994 Ley 136 no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan1994 Ley 152 otras disposiciones. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funciona- miento de los municipios. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.1997 Ley 358 Por la cual se reglamenta el Artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposi- ciones en materia de endeudamiento.1997 Ley 388 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.1997 Ley 397 Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Pasa a la página siguiente90

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadesViene de la página anterior Actividad que reglamenta Año Nombre Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 1998 Ley 489 del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la 1998 Decreto 1504 Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de Ordenamiento 2000 Ley 617 Territorial. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 12222001 Ley 715 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se crean otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la2001 Acuerdo racionalización del gasto público nacional. Municipal 03 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los Artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la2002 Ley 768 Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.2003 Ley 810 Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.2003 Ley 819 Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Sentencia Cultural e Histórico de Santa Marta, Creación del EPA de Cartagena. de la Corte Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanís-2003 Constitucional ticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y C-524 transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.2004 Ley 902 Relacionada con la participación ciudadana en la aprobación de los planes de desarrollo.2004 Ley 909 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones.2006 Ley 1083 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.2007 Acto Legislativo Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible 02 y se dictan otras disposiciones. Por medio del cual se modifican los Artículos 328 y 356 de la Constitución Política de2007 Ley 1176 Colombia Por la cual se desarrollan los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Pasa a la página siguiente 91

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del ConocimientoViene de la página anterior Actividad que reglamenta Año Nombre Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones.2007 Ley 1148 Por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario para el Distrito Especial de Bue- naventura.2008 Acuerdo Por medio de la cual se reforman los Artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994. Municipal 018 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican2009 Ley 1368 otras disposiciones. Por la cual se desarrolla el Artículo 290 de la Constitución Política de Colombia.2011 Ley 1450 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.2011 Ley 1454 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.2011 Ley 1447 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Buenaventura 2012 - 2015 “Progreso en Marcha”.2012 Ley 1530 Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.2012 Ley 15512012 Acuerdo Municipal 052013 Ley 1617Fuente: IPIGC, 2014.5.3 Diagnóstico ambiental de BuenaventuraCada región tiene territorios, poblaciones, economías y ecosistemas de una grandiversidad, lo cual hace que los retos ambientales adquieran tonalidades y dimen-siones diferentes entre los distintos países o subregiones (Rodríguez y Espinoza,2002). Es por esto que resulta fundamental la conocer las potencialidades y lasproblemáticas ambientales que actualmente existen en el municipio de Buena-ventura, con el fin de identificar aquellas áreas de actuación en las cuales deberáenfocarse la nueva autoridad ambiental del distrito. Buenaventura es un extensomunicipio del departamento del Valle del Cauca, con un área de 6.297 Km2 (29,7%del área total del departamento), que abarca todos los pisos térmicos, desde ellitoral hasta páramo en la Cordillera Occidental, el cual se encuentra localizado enla Región del Chocó Biogeográfico, región que es considerada como una de las demayor biodiversidad en el mundo (Mapa 8). Esta ubicación hace que el distrito posea múltiples potencialidades naturales,entre las que se encuentran ecosistemas como el marino costero, manglar, natal,guandal, selva pluvial, bosque premontano, bosque andino y páramos. También92

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadescuenta con áreas protegidas como la Reserva San Cipriano, el Santuario de Malpelo,el Parque Los Farallones, el Parque Nacional Natural Urubamba y otros parquesregionales y distritos de manejo integrado. De igual manera, dispone de diversasformas naturales y paisajes como la bahía Buenaventura, la bahía Málaga, la Ense-nada del tigre, la Isla Cangrejo, la Isla Palma, la Isla Ají, el Archipiélago de la Plata,el Golfo de Tortugas y acantilados y playas. Mapa 8. Mapa del Distrito de BuenaventuraNota: en rojo se destaca la zona urbana del distrito.Fuente: Alcaldía de Buenaventura, 2001. 93

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento5.3.1 Situaciones o problemas ambientales en Buenaventura5.3.1.1 Manejo y Disposición Inadecuada de Residuos SólidosLa generación de residuos sólidos31, como resultado de las actividades domésti-cas, económicas y de prestación de servicios vitales como la salud, son uno de losprincipales problemas que caracterizan a las ciudades contemporáneas a nivelmundial, ante el exacerbado incremento de la población y la disminución de espa-cios urbanos, o cercanos a las ciudades, para su disposición final. A nivel mundial,Estados Unidos y China hacen parte de los 10 países con mayor generación deresiduos sólidos urbanos, con cerca de 621.000 y 521.000 toneladas por día, res-pectivamente, mientras que el planeta produce dos billones de toneladas anuales,y según estimaciones de la ONU, para el año 2025 la cifra podría quintuplicarse(Schvindlerman, 2012). En Colombia, la cifra es del orden de las 30.000 toneladas,mientras que para el año 2012, solamente Bogotá producía a diario cerca de 6200Toneladas diarias de basura y en fechas especiales alrededor de 8000-9000 Tone-ladas diarias (Revista Universo, 2012). La política nacional para la gestión integral de residuos sólidos en Colombiatrata de abordar la problemática ambiental de los residuos sólidos relacionada,entre otras situaciones, con la pérdida del potencial de utilización de los residuos;la gestión parcial de los residuos sin considerar el impacto ambiental; las prácti-cas inadecuadas de disposición final en relación con localización, construccióny operación de los botaderos y rellenos sanitarios; la ausencia de conocimientosobre la magnitud del problema; el bajo desarrollo institucional del sector y la faltaeducación y participación ciudadana en el manejo ambiental de residuos. En el caso particular de Buenaventura la situación es compleja, dado que aun-que cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos diseñado desdeel año 2001, en el marco de las directrices nacionales sobre la materia (Ley 99 de1993 y Decreto 1713 de 2002), y que desde julio de 2011 se inició la aplicación delcomparendo ambiental para quienes fueran sorprendidos arrojando desechossólidos en lugares no autorizados (Decreto distrital 239 de 2011), el distrito pre-senta serias dificultades en todas las fases de la gestión integral residuos sólidos;31 Los residuos sólidos comprenden los domésticos, comerciales e institucionales, las basuras de la calle, los escombros de la construcción, los residuos generados en las diferentes actividades productivas de bienes y servicios, que a nivel macro comprende los sectores industrial, agrope- cuario, de servicios y mineros (Ministerio del Medio Ambiente, 1997).94

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadeses decir, en el almacenamiento, recolección y transporte, barrido y limpieza devías y áreas públicas, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Ello conel agravante de que este servicio de aseo sólo alcanza una cobertura urbana del88% (Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2012), por lo que el 12% de viviendasrestantes, localizadas en su mayoría en zonas de bajamar, disponen sus residuossólidos directamente al mar o alguna otra fuente hídrica (IPIGC, 2014). Esta disposición inadecuada de los residuos sólidos en sectores donde noexiste cobertura del servicio de aseo, sumado a una cultura que no ha incluido laprotección del ambiente como regla para guiar o limitar las actividades humanas,ha generado impactos ambientales importantes, especialmente en la Bahía deBuenaventura, contaminándola y deteriorando el paisaje. Para minimizar esteimpacto ambiental, la empresa encargada de prestar el servicio de aseo Buena-ventura Medio Ambiente (BMA), contrata con las Juntas de Acción Comunal de losbarrios ubicados en zonas de bajamar (donde no se presta el servicio de aseo) larecolección manual y/o en carretas de los residuos sólidos. Las Juntas se encargande recolectar los residuos, ubicarlos en la vía o de almacenarlos temporalmenteen una caja estacionaria, para que el carro recolector los transporte al sitio dedisposición final. A pesar de la existencia del Decreto 1713 de 200232, tanto en las zonas residen-ciales como en las comerciales se observan residuos sólidos en andenes y esquinasde diferentes lugares de la ciudad, incluso en horarios que no corresponden conlos establecidos para la recolección (Ver Foto 1en la página siguiente). Esta situación, junto con la ausencia de una práctica de separación de los re-siduos sólidos, se enmarca en las deficiencias del servicio que presta la empresaencargada de la recolección de los residuos, así como en una cultura que aún notiene conciencia de la importancia del manejo adecuado de estos residuos, el cual,dado que debe empezar desde su almacenamiento hasta la disposición final delos mismos, es un proceso que involucra a todos los actores del territorio. Es muyprobable que la población no conozca la normatividad que reglamenta este pro-ceso y, por tanto, existe un reto para el EPA en relación con el fortalecimiento de32 Que establece que el almacenamiento de los residuos sólidos provenientes del barrido de ande- nes e interiores de las edificaciones es responsabilidad de los usuarios, cuya prestación la deben realizar en el andén del inmueble del generador o en la unidad de almacenamiento en caso de edificaciones, de tal manera que evite la obstrucción peatonal o vehicular y facilite el acceso para los vehículos y las personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza en caso de presentarse derrames accidentales (Decreto 1713 de 2002). 95

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientocampañas educativas que contribuyan a la generación de una mayor concienciaambiental sobre el papel de los ciudadanos en la identificación de las causas y lassoluciones de esta problemática ambiental (IPIGC, 2014). Foto 1. Residuos sólidos dispuestos en las afueras de los locales comercialesFuente: IPIGC, 2014. La recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, son ser-vicios prestados desde el año 2005 por la empresa Buenaventura Medio Ambiente,BMA33. El servicio se presta con bastantes deficiencias ya que frecuentementese incumple con los horarios y las rutas establecidas para la recolección de losresiduos sólidos. Esta también es una de las causas por las cuales los usuarios dezonas residenciales y comerciales dejan los residuos en los andenes y las esquinasde las edificaciones. Todos los municipios o distritos tienen la obligación de prever un sistema dedisposición final adecuado tanto sanitaria, como ambiental, económica y técni-camente. En el caso de Buenaventura, la disposición final se realiza en el rellenosanitario ubicado en el Corregimiento de Córdoba, a 30 minutos aproximadamentede la zona urbana. El sitio no cumple con las exigencias técnicas legales para lafunción que realiza y, además, ya llegó al límite de su vida útil por lo que la ciudadse encuentra ad portas de una emergencia sanitaria si el distrito no encuentra en el33 En el año 2011 esta empresa subcontrató con la empresa Proactiva la cual le apoya en el ejercicio de su contrato.96

Implementación del Régimen de Distritos Especiales (Ley 1617 de 2013) en Buenaventura: los casos de la creación del Establecimiento Público Ambiental – EPA, y la división del territorio en localidadesmenor plazo posible un sitio adecuado para la disposición final de los residuos. Laadministración distrital, a través de la Dirección Técnica Ambiental, DTA, ha estadoen la búsqueda de predios y ha presentado a la CVC diferentes opciones de sitiospara el relleno. Sin embargo, la autoridad ambiental regional no ha dado el aval adichos sitios por considerar que la información suministrada no era suficiente paraidentificar las características técnicas que requiere un sitio para la disposición deresiduos sólidos (El Tiempo, Julio 15 de 2013). Éste es quizá el problema ambientalcon mayor prioridad en el distrito de Buenaventura, por lo cual es la primera tareaa asumir por parte de la EPA. Otra situación que agrava las condiciones sanitarias de la zona urbana de Bue-naventura tiene que ver con el manejo inadecuado de los residuos sólidos que segeneran desde las diferentes actividades económicas localizadas de manera disper-sa en el casco urbano. El sector maderero, por ejemplo, tiene más de 100 depósitospor lo que genera una contribución importante de residuos; el sector pesquerogenera básicamente residuos orgánicos (aletas, cabezas, huesos, escamas, cáscaras,conchas y visceras), susceptibles en todo caso de aprovechamientos. También haydiversos astilleros, cuya actividad es la reparación o fabricación de útiles navales,los cuales generan desechos, principalmente chatarra, restos de madera, pintura,plásticos reforzados en fibra de vidrio y también residuos de productos químicoscorrosivos, inmunizadores, petróleo y otros derivados (IPIGC, 2014).5.3.1.2 Manejo y vertimiento inadecuado de aguas residualesDebido a su posición planetaria y continental, ubicada en la zona ecuatorial y en-tre los dos grandes océanos, y por su compleja y desarrollada orografía, Colombiaes un país excepcionalmente rico en agua. En el territorio colombiano llueve enpromedio 3.000 mm al año, el doble que el promedio de América Latina (1600mm) y el triple que el mundial (900 mm) (Guhl, 2007). El Pacífico colombiano,por su parte, es una de las regiones más lluviosas del planeta, con un índice deprecipitación anual de entre 3.500 y 12.000 milímetros de precipitación, consitios excepcionalmente lluviosos, que registran volúmenes superiores a los13.000 milímetros (Ministerio del Medio Ambiente, 2000). Para el caso específicode Buenaventura, la precipitación promedio de los días lluviosos al año fluctúanentre un mínimo de 192 y un máximo promedio de 294, con un promedio de7.000 mm (Prieto, 2004). En Colombia, gran parte de esta precipitación se convierte en aguas superfi-ciales y/o subterráneas, por lo que la gran dificultad se presenta por la progresiva 97