Cambio Responsable

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Según la definición en es.m.wikipedia.org un funcionario es: “quien desempeña profesionalmente un empleo público. Los funciona- rios participan en la administración pública o de gobierno; y acceden a su condición a través de elección, nombramiento, selección o empleo. Funcionario electo es el que accede a su cargo en virtud de una elección (cargo político). Los funcionarios también pueden ser nombrados “de oficio” (en virtud de otra oficina, a menuda en una capacidad específica, como presidente, asesor, secretario)”.

El concepto de servidor público en Bolivia se define en la Ley No 2027 del Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999 en su artículo 4 textual: “(SERVIDOR PÚBLICO). Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración”. Se debe entender que todo servidor está para servir, por eso se les llama así a las personas que perciben sueldo del Estado y es su medio de vida. Su obligación es atender a la población en general con todo respeto y educación. Lo que acontece en muchos sectores de servidores o empleados públicos, en nuestro país, es que los valores y conceptos están invertidos. Sostengo que están invertidos, porque en vez de dar un servicio con educación y humildad, muchas veces nos encontramos con prepotentes funcionarios públicos que olvidaron que sus salarios son pagados con dinero que es de todos los bolivianos. 153

LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE Esta actitud de humildad, respeto y educación se la debemos exigir desde el presidente de Estado hasta al último servidor público dentro la jerarquía estatal. Para lograr respeto y un cambio con rumbo debemos exigir nuestros derechos y hacer notar a autoridades electas y designadas, en todo momento, que son empleados del pueblo y que deben trabajar para servir al pueblo, basta de valores y conceptos invertidos. Para tener funcionarios que funcionen y servidores que sirvan tenemos que lograr evaluar el desempeño individual de cada servidor, buscando las percepciones psicológicas de la población en general en base al sentimiento de equidad, satisfacción y habilidad que afectan al esfuerzo. Se debe catalogar a los servidores de acuerdo a sus capacidades, a su tiempo y a todas las destrezas que tengan, para que así sea más fácil lograr un buen servicio en favor de todos. 154

En otras palabras, deben ser designados por capacidades y no por amistades; se debe evaluar sus trabajos y también se deben ver mecanismos de autoevaluación y rotación en distintos puestos para medir el rendimiento y la aceptación, esto en casos de cargos de designación. Respecto a los cargos electos, nos toca fiscalizarlos a todos nosotros de manera directa y pública exigiendo que hagan el trabajo para el que fueron elegidos. Ya basta de aplaudirlos por hacer lo que es su obligación. Debemos cambiar este esquema mental, teniendo presente de manera constante que así sea el presidente fue contratado por nosotros para que haga su trabajo y sirva al país. Así tendremos un cambio de verdad. 155

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LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE El POD es la capacidad de El poder es la cambiar l 160

DER lograr objetivos. capacidad de las cosas Martin Luther King, activista y político 161



La participación ciudadana está vinculada a lograr el fortalecimiento de la democracia, el control social, a transparentar el gobierno en sus distintos niveles. Es la toma de decisiones por la ciudadanía, es la toma de decisiones del ciudadano respecto a temas económicos y acciones que tienen impacto en el desarrollo de las comunidades. Se debe tomar en cuenta respecto a las distintas actividades de la sociedad que existen en relación al poder distintas élites y distintos niveles de participación ciudadana en los países en general, es así que Félix Patzi Paco en su obra Circulación de las Élites y las Prácticas Políticas p. 11 sostiene: “Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos modernos, la socie- dad continúa siendo constituida por una gama de heterogeneidad de jerarquías, clasificaciones sociales, diferenciaciones económi- cas, de prestigio y múltiples formas de polaridades. Incluso se podría afirmar que estas desigualdades aparecen como naturales producto de las diferencias intelectuales, de esfuerzo y además de la división social del trabajo. Pero también de manera permanen- te y en diferentes momentos históricos – hasta que ya es una re- gularidad sociológica- las personas o grupos humanos aparecen cada cierto tiempo para hacer desaparecer dichas desigualda- 163

EL CAMBIO RESPONSABLE des. Y precisamente, el tratamiento de estas desigualdades hace que surjan élites; es decir, no la élite compuesta por un número reducido de individuos que se destacan en actividades diversas. En donde, para Vilfredo Pareto sería la definición amplia; sino la élite gubernamental que sería la definición estrecha que también, llamaríamos élite del poder (Pareto, Vilfredo:2010(1916))”. La participación ciudadana sirve para luchar contra las condiciones de desigualdad social y que por medio de la participación activa, sin importar las distintas élites que pueden existir en la sociedad, se puede reducir o desaparecer desigualdades. El desarrollo de nuestro país en democracia se logrará sólo por medio de la activa participación de todos los sectores de la sociedad con los 3 valores de la participación ciudadana que son: responsabilidad, solidaridad y tolerancia. La responsabilidad social es lo que nos permite tomar decisiones y emprender acciones que repercutirán en el que hacer diario de nuestra sociedad. Los cambios sociales que se requieren se llevan a cabo a través de la participación social de los miembros de ésta. Una ciudadanía que no participa no puede esperar cambios adecuados para mejorar la situación. Por lo general nos quejamos del trabajo político 164

de nuestros representantes, eso es participación social, pero de manera informal, sin organización y sin rumbo. La participación social para ser contundente es la que se efectúa de manera formal, lo más formal es a través de la votación. No debemos pensar que el trabajo para mejorar las cosas en nuestra sociedad corresponde sólo a los políticos, este concepto está equivocado. Cuando nos demos cuenta como ciudadanos que nuestras acciones repercuten en mejoras y cambios en la sociedad se genera una cadena de acciones que llevan a incrementar la participación ciudadana. Si hay participación se logra el impacto necesario para mejorar nuestra sociedad. En Bolivia existe la Ley de Participación y Control Social No 341 que tiene como eje central la participación social en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales) en Bolivia. La ley establece el marco general de la participación y control social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio. La participación es definida como un derecho, condición y fundamento de la democracia que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes. Se reconoce expresamente el derecho a participar en la gestión ambiental y a ser consultado e 165

EL CAMBIO RESPONSABLE informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, así como a participar y ejercer control social en el desarrollo energético, hidrocarburífero y forestal, a empresas, instituciones y comunidades. Los artículos 8,9 y 33 de la mencionada Ley sostienen: “El derecho de la participación y control social se efectúa a tra- vés de la participación en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma de decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado. Los actores de la participación y control social pueden proponer, promover y difundir políticas, planes, programas y proyectos en los diferentes niveles del Estado, orientadas a fortalecer el desarrollo de la ciudadanía intercultural y la corresponsabilidad en la gestión pública. Son obligaciones del Estado respecto a la participación y control social, la planificación, evaluación de políticas estatales con participación de la sociedad civil organizada”. Como podemos evidenciar, con un breve vistazo a los conceptos de participación ciudadana y a la legislación existente en Bolivia, si queremos un cambio responsable debemos participar organizadamente para darle rumbo al desarrollo social de todo el país. Está en nuestras manos, cada uno de nosotros puede aportar desde donde esté apoyando esta forma de ver las cosas. 166



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Fue Rousseau el que desarrolló la teoría del contrato social que hace referencia al compromiso adquirido por un ciudadano con el Estado cuando se integra en la sociedad. Este compromiso es representado como un contrato de manera simbólica. En realidad el ciudadano se adhiere al contrato simbólico con el Estado al incorporarse a la sociedad. Esta teoría filosófica fue desarrollada o tocada anteriormente por Thomas Hobbes y Jhon Locke, luego Lean-Jacques Rousseau que vivió en el siglo XVIII profundizó la cuestión bajo la siguiente pregunta citada por economipedia.com: “¿Cómo el hombre pasa de encontrarse en un estado de naturaleza, donde la libertad de la que disfruta es máxima; a formar una sociedad encabezada y dirigida por el Estado, donde la libertad es cercenada y en el que se encuentra al servicio del déspota de turno?”. 171

EL CAMBIO RESPONSABLE Nadie puede transferir a otro más PODER del que encerrare en sí, y nadie sobre sí goza de poder absoluto y arbitrario, ni sobre los demás tampoco, que le permitiere destruir su vida o arrebatar la vida o propiedad ajena Jhon Locke 172

Hobbes desarrolló su pensamiento en el siglo XVII, para este autor el hombre es maligno, egoísta e independiente y sólo se agrupa en sociedad por miedo. Para doblegar a lo que atenten contra la seguridad pactada se debe tener un ente superior y por ello se crea el Estado, para que los hombres, según Hobbes, cedan parte de su voluntad y soberanía para que el Estado proteja a todos. Locke, filósofo que desarrolló su pensamiento en el siglo XVII también aportó sobre el pacto social y el nacimiento del Estado, sosteniendo que el hombre en su estado de naturaleza revela su verdadera esencia, que este es el valor supremo y nada puede contradecirla. Está compuesta de libertad, igualdad y racionalidad. Locke discrepa con Hobbes, ya que sostiene que los hombres son buenos y que cooperan entre sí de forma pacífica y que no hay guerra constante. Sostiene que la ley natural que consiste en la reparación del daño hace que el hombre obre bien y evite acciones malas. Según él, el hombre constituyó la sociedad para defender la ley natural, preservar la propiedad privada como fruto del trabajo, es decir, el Estado como garante de la defensa de la ley natural. Este autor ya defiende la división de poderes porque entiende al Estado con la función exclusiva de defender los derechos y libertades de los individuos. La revolución francesa en 1789 fue inspirada por los pensamientos de Rousseau, este autor sostiene: 173

EL CAMBIO RESPONSABLE “… el hombre nunca ha vivido en el estado de naturaleza, pero en ese hipotético escenario se puede extraer su esencia, sien- do el hombre un ser bueno y feliz. Es en sociedad cuando se convierte en un ser maligno y miserable. También, el hombre natural se caracteriza por ser irracional, asocial, libre e igual al resto. La razón por la cual se tuvo que unir y crear socie- dades fue la escasez; causada por los desastres naturales y el crecimiento de la población. Una vez se une en sociedad, son los hombres ricos y aventajados quienes legislan y actúan en favor de agrandar y perpetuar las diferencias materiales entre los se- res humanos. La soberanía popular es el valor supremo y nada puede contradecirla. Este acatamiento de la voluntad general es la causante de las tiranías que ejercen las masas contra los individuos y minorías”. Lo que debemos hacer en Bolivia es tener una visión responsable de lo que requerimos como país para hacer un pacto social moderno que implique el respeto a las leyes y a las libertades individuales, donde podamos respirar con tranquilidad sin presiones judiciales infundadas del gobierno de turno y otros actores. Debemos romper la vieja práctica política de corrupción y opresión de todos los gobernantes, que básicamente prometieron y no cumplieron o prometieron cosas que eran inviables. Debemos avanzar hacia un modelo más democrático, plural de verdad, más participativo y con base social. 174

Un Nuevo Pacto Social eficiente y eficaz consiste en que cada persona, cada ciudadano de nuestro país pueda tomar decisiones y participar de manera directa en la elección de sus representantes y gobernantes. En este momento vivimos una democracia representativa y también directa para algunas decisiones. Debemos pensar que para poder elegir a un candidato, el candidato actualmente tiene la necesidad obligatoria de participar por medio de un partido político que se constituye en vehículo obligatorio para poder participar. Sin partido no hay posibilidad de ser elegido. Esto tiene que desaparecer para lograr democracia directa y evitar las imposiciones que existen en el interior de cada partido, imposiciones que con seguridad la mayoría de la población no conoce. Limitaciones que hacen que de por sí y ya sin darnos cuenta nuestros futuros candidatos ya van limitados y preseleccionados por los partidos y las pequeñas élites que los manejan. Lastimosamente esta es una realidad que la mayoría desconoce. El nuevo pacto debe fundarse en la democracia directa, porque ésta libera a las naciones de la corrupción, porque al liberar las presiones internas también libera las presiones externas. La democracia como forma de gobierno ha sido menoscabada, la soberanía del pueblo ha sido sometida para después transferirla en definitiva a la clase política por medio de la obligatoriedad de participación a través de partidos 175

EL CAMBIO RESPONSABLE políticos. Un gobierno por consenso es lo que define a la democracia, los intereses de la clase política de siempre hacen creer que el pueblo es incapaz de autogobernarse. El pueblo, si hubiese elecciones directas y sin filtros puede hacer control de la gestión gubernamental. Ya no se puede permitir que el sistema político actual no nos deje hacer un cambio responsable para todos los ciudadanos sin exclusión alguna, ya no se puede permitir que el pueblo esté en calidad de dependiente de la clase política, sin poder ejercer los derechos que tenemos de manera directa y que podamos ser escuchados y valorados para el bien del país. La democracia directa anticipa el fin de cualquier tipo de tiranía, sea de izquierda o de derecha. El Gobierno por Consenso solo se puede dar por medio La DEMOCRACIA democracia directa anticipa el fin de cualquier tipo de tiranía, sea de izquierda o de derecha 176

de la democracia directa. En el mundo este sistema es aplicado por Suiza. Esto demuestra que eligiendo a nuestros representantes de manera directa, en su totalidad, podríamos llegar a desarrollar como desarrolló Suiza. Por ello, esta posición no se trata de una simple teoría, sino que ya tenemos el ejemplo práctico de Suiza. Como sostuvo un amigo entrevistado por el periódico Los Tiempos, Richard Fischer: “… a diferencia de la democracia representativa (indirecta), en la democracia directa el soberano es quien tiene el control de todos los poderes del Estado en todo momento y lugar, lo que le permite ser el dueño de su destino porque no entrega sus derechos humanos y políticos a los gober- nantes (clase política)”. 177

EL CAMBIO RESPONSABLE Para lograr un verdadero pacto donde cada ciudadano tenga real participación política y de control social no bastan las formas actuales de legislación vigente que fueron mencionadas a lo largo de este trabajo. Lo que se requiere es avanzar y profundizar en lo que es democracia directa para no depender de servidores públicos que fueron electos por el pueblo y que se creen reyes del Estado, esa es una falla de concepto y de la democracia representativa. Debemos buscar que todo en nuestro país sea efectuado de manera directa por la población, no sólo la elección sino también los procesos de control social y de fiscalización. Si queremos un cambio de verdad y con rumbo tenemos que razonar que ya no podemos entregar nuestra libertad a los políticos vividores, que lo único que han hecho es subir su nivel de vida a costa del poder que nosotros como ciudadanos les entregamos. 178



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La participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa y cuya acción pretende influir en el proceso político y en el resultado. En el subtítulo anterior expliqué el planteamiento que para tener un país mejor debemos avanzar hacia la democracia directa que sería la manera óptima para mejorar muchas cosas, entre ellas la participación política del ciudadano en cada institución estatal y así poder cada uno de nosotros hacer que avance nuestro país desde donde estemos. La Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009, introdujo en el sistema político boliviano cuatro tipos de autonomías (departamental, regional, municipal e indígena originaria campesina) tratando de esta manera de asegurar mayor participación política en el futuro del país desde los pueblos, ciudades, municipios, departamentos y así hasta completar el Estado en general. Se creyó que de este modo se iniciaba un importante proceso de descentralización. La Constitución y la Ley marco de Autonomías y Descentralización, esta última aprobada en julio de 2010, constituyeron el marco legal para la implementación de este proceso. 183

EL CAMBIO RESPONSABLE En sociedades descentralizadas, el poder del Estado esta más cercano a la población, ya que existen unidades administrativas subnacionales que permiten una participación política más directa. A través de la transferencia de competencias y recursos a los niveles subnacionales pueden lograrse un aumento de eficiencia y eficacia de la gestión pública. El municipio, de esta manera, es el centro de decisión política donde la relación entre gobernantes y los gobernados es más directa, lo que permite una mayor participación de la sociedad y un mejor nivel de respuesta del sistema político a las demandas ciudadanas. En la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno debe regir el principio de subsidiariedad: los problemas deberían solucionarse lo más cerca posible a la fuente de su manifestación. Eso significa que los municipios deben ejercer todas las tareas que pueden cumplir de la mejor forma posible y que están orientadas a satisfacer las demandas ciudadanas. Es evidente que en nuestro país la mayoría de los municipios ni siquiera tienen un plan a mediano plazo y mucho menos un plan a largo plazo, incumpliendo sus obligaciones y afectando a la población en cuanto a salud, educación, seguridad, etc. Al no cumplir dichas tareas deben ser resueltas por el nivel subnacional inmediato. Esta lógica funciona como cadena entre las diferentes entidades autónomas de gobierno. 184

La idea de descentralización tuvo la finalidad de creer que se podía aportar a la profundización de la democracia. Por definición, un sistema político descentralizado tiene que ser democrático y tiene que fundarse en el Estado de Derecho,ya que sistemas antidemocráticos no reconocen una verdadera autonomía a los centros de poder subnacionales. Se manifestó en su momento que en el proceso de redistribución del poder político entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales surgirían conflictos sobre competencias ejecutivas y financieras. Por consiguiente, se manifestó que era indispensable que existan mecanismos de decisión sobre controversias constitucionales entre los diferentes niveles de gobierno. Para cumplir sus tareas, las entidades subnacionales necesitan recursos, por ello se manifestó que es imprescindible un pacto fiscal. En general, las entidades territoriales autónomas pueden recaudar sus propios impuestos para que entren en competencia y generen mejores políticas públicas impositivas. Sin embargo, a fin de garantizar condiciones de vida equiparables en todo el territorio nacional, se señaló que es importante crear un sistema de transferencias, tanto vertical (del nivel central a los niveles subnacionales) como horizontal (de entidades subnacionales más prósperas a menos prósperas). 185

EL CAMBIO RESPONSABLE En la gestión 2012 se señaló que Bolivia se encontraba en un importante proceso de descentralización. Para lo cual se manifestó que este podía ser exitoso, siempre y cuando se discuta y hable sobre la distribución de competencias legislativas y ejecutivas, el pacto fiscal, las instancias formales e informales de resolución de conflictos y numerosos temas más. Además, con objeto de garantizar el buen funcionamiento del proceso, hay que fortalecer el Estado de Derecho y fomentar una cultura de la tolerancia. Como es evidente la democracia directa sigue ausente y los resultados no son reconfortantes para el ciudadano de a pie que necesita mejores servicios públicos y tener la posibilidad de tener un mercado de trabajo estable y la satisfacción de necesidades básicas con la presencia de dinero en los bolsillos, es decir, con la facilidad de tener dinero circulando entre la población que alcance para cubrir lo mínimo elemental y que las familias no sufran. Lo extraño en nuestro país es que la mayoría de las alcaldías no tiene Cartas Orgánicas Municipales aprobadas, atentando de esta manera, contra la democracia directa y el cumplimiento de obligaciones de funcionarios, dejando en simple discurso la autonomía 186

Era imprescindible por otra parte, profundizar los elementos que generen un sentimiento de identidad común y de ciudadanía boliviana. Bolivia tuvo un gran desafío de implementación de las autonomías con instancias ejecutivas y legislativas propias, sin embrago han transcurrido 12 años y el sistema autónomo no ha tenido mucho avance, las Entidades Territoriales no han elaborado sus procesos autónomos a través de las cartas y estatutos autonómicos, los territorios que se adelantaron en procesos autónomos, han tenido una gran barrera legal centralizada y por si fuera poco el año 2012 la Ley Marco de Autonomías en 59 artículos fue declarada inconstitucional por la Sentencia 2055, sin que a la fecha se tenga una nueva ley corregida o modificada, dejando a la autonomía como un mero discurso de campaña política que no tuvo ningún fin a la fecha. Lo extraño en nuestro país es que la mayoría de las alcaldías no tiene Cartas Orgánicas Municipales aprobadas, atentando de esta manera, contra la democracia directa y el cumplimiento de obligaciones de funcionarios, dejando en simple discurso la autonomía, ya que sin Cartas Autonómicas poco se puede profundizar la autonomía como tal y mucho menos se puede hablar técnicamente de federalismo si en el país aún no se implementó la autonomía de manera eficiente y eficaz por el descuido de los malos funcionarios de siempre. 187

EL CAMBIO RESPONSABLE Mientras el gobierno CENTRAL se siga quedando con la mayoría del dinero de los municipios estaremos estancados y siempre vulnerables ante los tiranos 188

Este tema es de conocimiento público, es así que según www.opinión.com.bo: “La Carta Orgánica es una norma constitucional básica y es considerada una mini constitución municipal, su elaboración está a cargo del Órgano Deliberante, es decir, el Concejo Muni- cipal, pero con el apoyo del Órgano Ejecutivo, organizaciones sociales, instituciones, y la sociedad en su conjunto”. Según el abogado en gestión pública Sergio Coca mencionado por www.opinion.com.bo sostuvo: “…si los concejales no avanzan con el proceso de elaboración de la Carta Autonómica (Cochabamba), considerando que exis- ten recursos económicos, son pasibles a cometer incumplimiento de deberes y conducta antieconómica…” Como es evidente todo este incumplimiento desde distintos municipios del país puede ser sancionado por la justicia en caso de activarse alguna denuncia desde la sociedad civil, pero como la mayoría de la población no tiene la información suficiente, los malos funcionarios de siempre no hacen su trabajo y afectan a los recursos de cada región, porque es el gobierno central el que se queda con la mayoría del dinero. 189

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El Dr. Ricardo Nugent en su obra “ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL” - CAPÍTULO 33 LA SEGURIDAD SOCIAL: SU HISTORIA Y SUS FUENTES (https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ libros/1/139/36.pdf) sostiene: “La creación de la seguridad social responde a la búsqueda del hombre de tener la certeza o la seguridad de que sus necesi- dades básicas que garantice su supervivencia. Que sus necesi- dades sean cubiertas frente a las vicisitudes y contingencias propias de la vida que le imposibiliten subsistir por sus propios medios”. Según el profesor Alfredo Mallet en su obra LA BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Estudio de la inseguridad social, Ginebra Buenos Aires, 1983, p. 78 explica: 193

EL CAMBIO RESPONSABLE “El ansia de seguridad ha sido el motor del progreso de la humanidad. La invención de la agricultura fue una forma de asegurarse alimento en vez del aleatorio método de la caza y de la recolección de frutos silvestres. La agrupación en tribus, la formación de aldeas, de ciudades, la constitución de estados, traducen el deseo de seguridad frente a un enemigo exterior”. El Dr. Ricardo Nugent, en su obra menciona algunos ejemplos del mundo antiguo de culturas que incorporaron y fueron desarrollando lo que hoy conocemos como la seguridad social. 194

Egipto Creó instituciones de defensa y de ayuda mutua, que prestaban auxilio en caso de enfermedad (concepto servicio de salud pública) financiado con un impuesto especial. Babilonia Existía una obligación a los dueños de los esclavos al pago de los honorarios a los médicos que los atendían en casos de enfermedad. Grecia Los ciudadanos que por limitaciones físicas no podían cubrir sus necesidades, eran auxiliados. Se cubría la educación de los hijos de quienes fallecían en defensa del Estado. Roma Contaban con asociaciones de artesanos con propósitos mutuales, religiosos y de asistencia a los colegiados y a sus familiares, que asumían la obligación de atender a sus funerales: collegia corpora oficie. Escandinavia y Gran Bretaña Se crearon las guildas en Escandinavia y se extendieron hasta Gran Bretaña y los pueblos germanos en el siglo VII. Eran asociaciones muy similares a lo que hoy conocemos como 195

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gremios. También podrían considerarse como el antecedente de las compañías de seguros. Al igual que los gremios, las guildas estaban formadas por artesanos, mercaderes o comerciantes de una misma actividad. Eran una especie de familias artificiales, formadas por la conjunción de la sangre y unidas por el juramento de ayudarse y socorrerse en determinadas circunstancias sus miembros. Países del cercano y medio Oriente Se crearon los wakouf, una especie de fundaciones piadosas, por medio de las cuales el fundador y sus miembros dedicaban sus propiedades a Dios y destinaban sus rentas a cubrir las necesidades de personas indigentes. Imperio Carolingio En el siglo VIII, Carlo Magno ordenó que cada parroquia debía sostener a sus pobres, viejos, enfermos sin trabajo y a los huérfanos, cuando no contaban con ayuda familiar. Inglaterra En el año 1601, el Parlamento Inglés, a través de una Ley conocida por su denominación en inglés “Poor Law”, creó un impuesto obligatorio a nivel nacional para cubrir la asistencia 197

EL CAMBIO RESPONSABLE parroquial, con el objetivo de que cada parroquia se haga cargo y ayude económicamente a los pobres a cambio de que trabajen. Dos siglos más tarde, Dinamarca y Suecia adoptan medidas similares. América Los Incas, durante el imperio del Tahuantinsuyo, garantizaron a todos los habitantes bajo su jurisdicción, el derecho a la vida, a través de la satisfacción plena de las necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda y salud. Erradicaron el hambre y la miseria, causados por desigualdades sociales y por desastres naturales. Los principios de solidaridad y cooperativismo, así como las nociones de previsión y de asistencia social formaban parte de la cultura incaica. Contaban con un increíble sistema de almacenaje en graneros del Estado (piruas o pirhuas), donde se guardaban los sobrantes de cultivo, para cubrir la escasez en los casos de sequías, desastres naturales o de calamidades públicas; y para cubrir las necesidades de ancianos, viudas y huérfanos a cargo del Estado. 198

Las labores agrícolas eran ejecutadas por todos los miembros de un ayllu. El producto del trabajo era repartido entre todos y se reservaba cierta cantidad de su producción, que era destinada a los almacenes del Estado o piruas. La Declaración Universal de Derechos Humanos (ratificada por Bolivia mediante D.S. Nº 09345 de 13 de agosto de 1970 y elevado a rango de Ley de la República mediante Ley Nº 1978 de 14 de mayo de 1999) establece: Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De similar manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (elevado a rango de Ley de la República mediante Ley Nº 2119, 11 de septiembre de 2000) dispone: 199

EL CAMBIO RESPONSABLE Artículo 9: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Artículo 10: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social”. Si bien se prevé una aplicación progresiva y se reconocen los obstáculos que plantean los limitados recursos disponibles, también a nivel internacional se impone, a los Estados Partes, diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la seguridad social, como garantizar el ejercicio de ese derecho sin discriminación alguna; la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y la obligación de adoptar medidas para lograr la cabal aplicación de los objetivos de la seguridad social para toda la población. Estas medidas deben ser deliberadas y concretas y tener por finalidad la 200